Contratación por medios electrónicos


La Contratación Electrónica es la "manera de negociar y perfeccionar un contrato a través o por medios electrónicos"[1],o más estrictamente aquella contratación en la que "la oferta y la aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones"[2].

Desde hace años, a raíz del desarrollo que han venido experimentando las formas de contratación humanas se ha visto la necesidad para el Derecho de dar una respuesta adecuada a los nuevos desafíos que se presentan y se han hecho esfuerzos con miras a regular estas nuevas formas de contratación y armonizar las legislaciones nacionales de los diversos países sobre este tema, garantizando la seguridad de los contratos electrónicos y los derechos de los consumidores y usuarios.

Como resultado de estos esfuerzos, es menester destacar la aprobación en el año 1996, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, de la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) sobre Comercio Electrónico, que ha influido en la adopción de legislaciones de un sinnúmero de países, y, en el ámbito europeo la aprobación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio (Directiva sobre el comercio electrónico), cuya finalidad principal es establecer un marco jurídico estable de los servicios de la sociedad de la información ajustados a los principios del mercado interior, creando una situación de seguridad que favorezca la confianza de consumidores y empresas.

En España, la ley que transpone al ordenamiento interno la Directiva 2000/31/CE y que, por ende, regula los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, es la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).

Principios generales del derecho de la contratación electrónica:

Según el profesor Rafael Illescas Ortiz[3], son cinco los principios que rigen esta rama del derecho.^ ^

1. Equivalencia funcional de los actos empresariales electrónicos
2. Neutralidad Tecnológica
3. Inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos privados
4. Buena fe
5. Libertad contractual mantenida en el nuevo contexto electrónico

Equivalencia funcional de los actos empresariales electrónicos

La equivalencia funcional implica que los actos electrónicos poseen el mismo valor que los actos consignados en papel (no electrónicos), debiendo reconocérseles los mismos efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria y probatoria a ambos. Así queda consignado en los artículos 5, 6.1) y 9.2) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, y el artículo 23 de la (LSSI)

Neutralidad Tecnológica

Tal y como establece la Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, dicha ley no excluye ninguna técnica de comunicación de su ámbito, debiendo acoger en su régimen toda eventual innovación técnica en este campo y creando los Estados un entorno legal neutro para todo medio técnicamente viable de comunicación comercial. De eso se trata la neutralidad tecnológica, de que la ley regule el sector de la contratación electrónica, independientemente de tecnologías específicas. Si mañana la tecnología cambiase, la ley debe seguir siendo aplicable.

Inalteración del derecho preexistente de obligaciones y contratos privados

Como señala el artículo 23 de la LSSI "Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez" y "...se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial". No se trata de la creación de un nuevo derecho; aunque presentan sus particularidades, la característica distintiva de los contratos electrónicos es que se realizan a través de medios electrónicos, pero producen tantos efectos jurídicos como los contratos tradicionales y les son aplicables las mismas normas jurídicas de derecho común que a estos últimos.

Buena fe

En la interpretación de las leyes de contratación electrónica y de los contratos electrónicos, habrá de tenerse en cuenta, entre otras cosas, la observancia de la buena fe.[4]

Libertad contractual mantenida en el nuevo contexto electrónico

En los contratos electrónicos mantiene su vigencia la teoría de la autonomía de la voluntad, de la cual se desprenden los corolarios del consensualismo y de la libertad contractual en la formación de los contratos. Las partes que contratan electrónicamente pueden, en principio, adoptar los contratos que libremente acuerden, con el sólo hecho de dar su consentimiento.

Perfección y ejecución de los contratos electrónicos:

Para que se perfeccione un contrato electrónico, es necesario primero que exista una oferta y una aceptación de la misma. Según establece el principio del consensualismo (principio espiritualista), los contratos se perfeccionan por el sólo hecho de "la concurrencia de consentimientos".[5]

La LSSI modificando los artículos 1262 del Código Civil y el artículo 54 del Código de Comercio, establece que Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. En los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación.

Normativa

Normativa internacional

Normativa europea

Normativa española

Bibliografía

Referencias

  1. Chillón Medina, José María. Derecho de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información. Escuela Nacional de la Judicatura. Santo Domingo, República Dominicana. 2004. 550 págs.
  2. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
  3. Illescas Ortiz, Rafael. Derecho de la Contratación Electrónica. Civitas Ediciones, S. L. Madrid, España. 2001. 371 págs
  4. Artículo 3.1 de la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional) sobre Comercio Electrónico.
  5. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Disposición adicional cuarta.

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