Principio de proporcionalidad

El principio de proporcionalidad regula el ejercicio de las competencias de una institución. Su finalidad es limitar y enmarcar la acción de las instituciones. En virtud de este principio, la acción de las instituciones debe limitarse a lo necesario para alcanzar los objetivos de la legislación. En otras palabras, la intensidad de la acción debe guardar proporción con la finalidad que se persigue.

En el ámbito de la Unión Europea significa que, cuando la Unión tiene a su disposición varios modos de intervención, debe seleccionar el que, a igual eficacia, deja más libertad a los Estados miembros y a los particulares.[1]


  1. Véase el Glosario de la UE